Durante la última década, las empresas cementeras españolas han invertido más de mil millones de euros en la adaptación de sus fábricas a la directiva IPPC (prevención y control integrado de la contaminación, de sus siglas en inglés), cuyo objetivo es garantizar la protección del medio ambiente. Estas cifras ponen de manifiesto el compromiso que esta industria ha adquirido con la sociedad a través de la mejora de sus instalaciones con el fin de reducir el impacto de las fábricas en su entorno y que se ha materializado con la obtención de las autorizaciones ambientales integradas que otorga la comunidad autónoma correspondiente.
En concreto, la inversión media por fábrica en este periodo de tiempo ha sido de 30,1 millones de euros, y la inversión total por tonelada de cemento instalada ha sido de 25€/t. Estas partidas han sido destinadas a, entre otras mejoras, reducir las emisiones, potenciar la valorización energética, instalar cambios tecnológicos en las industrias y mejorar la eficiencia energética de las plantas, representando las mejoras ambientales un 63% del total. En este sentido, podemos destacar el esfuerzo realizado por el sector para instalar sistemas de medición en continúo de partículas y medidores de NOx y SO2 en el 100% de los hornos. Además un 99,5% de las instalaciones de trasporte de clínker están cerradas y cuentan con sistemas de desempolvamiento.
Así, el crecimiento del sector durante los últimos diez años ha permitido llevar a cabo importantes reformas en fábricas para adaptarlas a las Mejores Técnicas Disponibles, lo que sitúa a la industria a la cabeza de Europa en eficiencia energética.
Además de fuertes inversiones, las empresas cementeras han incrementado sus gastos para dar cumplimiento a esta nueva legislación, principalmente dotándose de personal especializado para atender a los nuevos requisitos técnicos y legales, y asumiendo mayores costes de operación de los equipos con menores emisiones de contaminantes. Así, en 2007 la industria cementera invirtió de media de 1,1 millones de euros por fábrica en el año 2007.
Por otra parte, gracias al Acuerdo Voluntario para la Prevención y Control Integrado de la Contaminación en la Industria del Cemento, suscrito entre la industria y el Ministerio de Medio Ambiente en 2001, tanto el sector como las administraciones han llegado más preparados para afrontar con éxito la implantación de la IPPC y de esta manera, en 2008 todas las fábricas de cemento cuentan con la certificación ISO 14001.
Por último, es importante destacar que la suma de todos los costes descritos, tanto de servicios, como de personal, o los derivados de inversiones y operación de los equipos puestos en marcha, disminuyen el margen de explotación y la competitividad del cemento español frente al cemento importado de fuera de la UE, o fabricado con clínker de fuera de la UE, que cuenta además con menores costes laborales o energéticos. Mientras no se instauren medidas equivalentes de protección ambiental a nivel internacional, cualquier ampliación de las exigencias ambientales en Europa debería ser previamente analizada en cuanto a costes y beneficios asociados, de manera que la competitividad de la industria no se vea dañada si los beneficios no son claros desde el punto de vista del medio ambiente en su conjunto con respecto a otras posibles medidas.